La protección de la biodiversidad en alta mar en la agenda de la ONU

Esta semana, la ONU está trabajando en las bases de un acuerdo para la protección de la biodiversidad en alta mar, en zonas donde las jurisdicciones nacionales no llegan o no se pueden concretar. Julien Rochette, del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI, por sus siglas en francés) explico que en alta mar “se puede hacer un poco de lo que uno quiera y esto es lo sucede en la práctica. Es la ley de la jungla.

 

    

La ausencia de legislación y de control en esas zonas tan valiosas para el Planeta abre la puerta a la piratería y las violaciones del ecosistema, amenazando cada vez más el frágil equilibrio de la biodiversidad marina con la contaminación, la pesca intensiva e ilegal, el calentamiento global y la explotación desenfrenada de los recursos, entre otros.

Las aguas de alta mar tienen una biodiversidad excepcional albergando un ecosistema de fauna y flora floreciente, lamentablemente fuente de recursos para la industria pesquera, cosmética y farmacéutica entre otras. Los océanos también tienen resguardados importantes recursos minerales, otro patrimonio amenazado de desaparecer en las próximas décadas.

La ONU ya dispone de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar firmado en 1982, pero ese último carece de “mecanismos suficientes para garantizar una gestión coordinada en alta mar”. Richard Page de la Alianza para Alta Mar que agrupa más de 30 ONGs señala que “hay enormes vacíos en la gobernanza de las diferentes actividades” como la pesca, la navegación y más pero “hay zonas de los océanos donde prácticamente no hay ninguna gobernanza”. También indica que “menos de 1% del alta mar es parte de un área marina protegida”.

Las bases del nuevo acuerdo deberían quedar establecidas entre el próximo lunes y el 8 de abril en el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar y tratará sobre “la conservación y el empleo sostenible de la biodiversidad marina” en alta mar. Asimismo el acuerdo deberá prever la creación de un “mecanismo para realizar evaluaciones de impacto (de las actividades humanas) sobre el medio ambiente”.

Se espera que un proyecto final de acuerdo sea listo para finales de 2017, mientras la Asamblea General de la ONU deberá decidir en 2018 si convoca una conferencia intergubernamental para negociar un acuerdo universal.

 

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